El poder financiero no aporta
Luego de meses de lucha y movilización callejera de diversos sectores y organizaciones populares, el 10 de julio el Congreso de la Nación aprobó un aumento del 7,2% en las jubilaciones y pensiones, elevando el bono que perciben los jubilados de la mínima de $70.000 a $110.000.
El “Proyecto de ley de movilidad previsional” propone, en el artículo 10, modificaciones en el Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), por su costo fiscal: se buscó así un ahorro de 0,2% del PBI para financiar el aumento a los jubilados.
La misma jornada se aprobó la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Y, por parte del gobierno, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos confirmó el 30 de julio que "el veto va a ser total".
Atrás de los inversores
Pero antes, la movida parlamentaria generó el alineamiento en rechazo de entidades bancarias, empresariales, industriales y financieras.
El 14 de julio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) emitieron un comunicado conjunto: "esta decisión legislativa impacta negativamente (...) para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), al afectar el fondeo de las SGR".
Los bancos señalan que el privilegio del que gozaban, se justificaba por la recaudación impositiva que genera el funcionamiento de las pymes (en off: "que los aportes los hagan las pymes"). En esa misma línea, el 15 de julio, el Banco de la Nación también solicitó formalmente al Congreso que dé marcha atrás.
Por su parte, Ignacio Pérez Riba, vocero de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog), se quejó: "sin este beneficio, es difícil seducir a una empresa que invierta en activos de tanto riesgo... las pymes a las que nosotros avalamos para que les presten la plata [son] el riesgo más alto del segmento empresario”.
En tanto, desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) comunicaron que "Las SGR otorgan garantías a pymes, para la obtención de créditos para producción e inversión, articulando entre el tomador y el banco otorgante... [lo que] obviamente tiene un costo comisional, que se vería incrementado por la eliminación de la exención y sería un mayor costo para las pymes". En este caso, se asume el directo traslado de costos de las SGR a los productores.
Asumiendo esto mismo, la Unión Industrial Argentina (UIA) señaló que "si se eliminan los incentivos fiscales se disuelve un instrumento de sostenimiento del empleo, las inversiones y el desarrollo de cadenas de valor".