Trabajadores. Lo que la huelga nos dejó/Un repaso de los principales conflictos salariales después del paro.
El paro general pasó, y aunque no avizora un plan unificado de los trabajadores en su conjunto, los distintos sectores continúan en movimiento. En esta nota, repasamos brevemente los principales hechos ocurridos desde el 10 de abril a la fecha.
Los estatales, uno de los sectores más afectados por la motosierra, recibieron en abril una propuesta salarial del 1,3% de aumento, el mismo día que la inflación trepó a un 3,7%, paritaria que fue rechazada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y aprobada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En este sentido, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, publicó un comunicado en sus redes sociales, donde afirmó que “con buenos modales y notitas no vamos a recuperar nada de los salarios que nos robaron. El gobierno no sabe de diálogo, lo único que entiende es el lenguaje de la fuerza”. A juzgar por los últimos hechos que analizamos, la transferencia de riquezas -el robo- es para el sector financiero, apalancado por el mismo Estado.
ATE declaró el estado de asamblea permanente para todos los organismos de la Administración Pública Nacional y anunció una nueva jornada nacional de lucha, a desarrollarse el próximo miércoles 23 de abril. Las actividades comenzarán a las 11 de la mañana: asambleas, cese de tareas, paros, radios abiertas y retiros masivos de los lugares de trabajo. El reclamo es por paritarias libres y salarios dignos, ceses de despido en el Estado Nacional y jubilaciones dignas. “El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a dónde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado (...) es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, afirmó Aguiar en una entrevista radial, luego de que el ministro Sturzenegger celebrara en su cuenta de X (ex twitter) 24.244 bajas de contratos en la Administración Pública del Estado Nacional.
En sintonía, el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ratificó su plan de lucha para la próxima semana, con medidas de fuerza de 48 horas a nivel nacional. Mientras el martes 22 de abril se realizarán clases públicas, el miércoles 23, a un año de la primera Gran Marcha Federal Universitaria, se llevará adelante un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización junto a los jubilados.
Por su parte, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) reunió a sus delegados en un Plenario Nacional el 11 de abril, decidiendo finalmente profundizar las medidas de fuerza en reclamo por una recomposición salarial. El plan incluye el cese de actividades en todo el país los días 15, 16, 29 y 30 de abril, apagón informático y estado de asamblea permanente. Cabe mencionar que los trabajadores de la aduana adheridos al paro general sufrieron el descuento del día por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Frente a esto, SUPARA tomó la decisión de recomponer dicha pérdida, “no como un premio individual” sino como “una acción concreta de acompañamiento mutuo que reafirma uno de los principios que guía nuestra organización: la solidaridad entre los trabajadores, pilar fundamental en toda lucha colectiva”; “sumarse al paro general implicó no sólo asumir el compromiso de defender lo individual y lo colectivo, sino también enfrentar la pérdida directa de parte del salario -a través del descuento por el día no trabajado- y lo que ello representa en un contexto económico adverso. Este esfuerzo no pasó desapercibido” expuso el gremio a través de un comunicado.
Por otro lado, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), llevó adelante un plenario de secretarios generales donde decidió profundizar su plan de lucha para ponerle fin al congelamiento salarial, y por un salario “acorde a la inflación verificada en los últimos meses”. Estado de asamblea permanente, jornadas de protesta en todas las seccionales del país los días 23 y 29 de abril, y adhesión a la marcha convocada para el 30 de abril, son algunas de las medidas que se tomaron. El gremio del sector, advirtió a ARCA en un comunicado que su sordera como empleadores “continúa profundizando el malestar creciente entre los trabajadores que día a día se hará oír con mayor fuerza”.
En síntesis, las acciones de los trabajadores estatales en general, del sector aduaneros, universitarios, fiscales, y jubilados nutrieron la agenda de lucha salarial y por las condiciones de vida. En ese marco la CGT anunció una movilización para el día 30 de abril, coincidiendo con los jubilados que siguen religiosamente marchando los días miércoles al Congreso. Al momento, se sabe que será un acto a realizarse en el Monumento al Trabajo, con motivo del día Internacional de los Trabajadores, donde se espera la participación de funcionarios y gobernadores. Aunque es un día hábil, no hubo llamado al paro, tratándose de una convocatoria que no trasciende más que como un acto político. En este sentido, pareciera que la convocatoria cegetista se perfila más como un intento de reunir sectores descontentos en torno al próximo escenario electoral legislativo, y no como una apuesta para torcer las relaciones de fuerzas. Ese escenario, sin paro ni confrontación, aparece muy lejano: no incomoda, apenas acomoda. Y el ajuste sigue su curso, con sueldos que se devalúan día a día.