Neocolonialismo con todas las letras
¿Qué se juega en el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada?
El renombrado por el movimiento popular como proyecto de Extranjerización de la Tierra constituye un paquete de medidas de avance al neocolonialismo. En esta nota repasamos algunos hechos políticos recientes que nos permiten entender la situación en la que nos encontramos.
En primer lugar, la Ley cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y se trata en el Senado de la Nación el jueves 6 de agosto de 2026.
2011: En diciembre el gobierno de Cristina sanciona la Ley de Tierras Rurales 26.737. A grandes rasgos lo que hace la Ley es poner límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales en Argentina, fijando que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
2023: En diciembre el gobierno de Milei intentó derogar la Ley de Tierras con el DNU 70/2023, cuyo artículo 154 incluía la eliminación de la normativa, entre varias reformas más que estaban incluidas en el paquete. En respuesta, organizaciones del movimiento popular y personas de forma independiente se movilizaron en varios puntos del país (cacerolazos) para rechazar la iniciativa, siendo la primera movilización callejera contra las políticas del gobierno.
2024: En enero el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata presentó un amparo a la Justicia sosteniendo que la derogación de la ley liberaba el mercado de tierras “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.
En marzo la Cámara Federal de La Plata, respondió al reclamo del CECIM y declaró inconstitucional la derogación, elevando el caso a la Corte Suprema. Esto significa que por ahora la medida cautelar aún protege la ley, que sigue vigente.
2025/2026: El gobierno cambió de estrategia al constatar que la vía del decreto estaba agotada en tribunales y rediseñó la reforma para enviarla como un proyecto de ley al Congreso: la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que fue diseñada y promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los aspectos centrales a tener en cuenta de la reforma que proponen:
1) Borra el límite nacional que impide que más del 15% del territorio rural total esté en manos de extranjeros.
2) Deroga la restricción que prohibe a un mismo titular extranjero adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agropecuaria.
3) Elimina las restricciones legales para la compra de campos que contengan o sean linderos a fuentes de agua estratégicas (ríos, lagos o acuíferos). También a zonas de seguridad como fronteras.
4) Estados extranjeros: Se restringe la compra directa a Gobiernos u organismos públicos de otros países (apuntando a capitales estatales), salvo acuerdo expreso con la provincia.
Vale aclarar que lo anterior es solamente referido a los aspectos que están contemplados en la Ley de Tierras, pero este paquete busca modificar otro conjunto de cuestiones que están incluidas en varias leyes más: Se flexibiliza la normativa que regula los desalojos, facilitando el proceso y habilitando los desalojos express (esto aplica no solo para tierras rurales, sino para inquilinos de otro tipo de propiedades también); se elimina la prohibición de “cambio de uso de suelo”, que impide utilizar tierras que hayan sufrido incendios para fines especulativos, una restricción que busca desincentivar los incendios intencionales, entre otras.
El Gobierno argumenta que este paso es necesario para la captación de divisas y la necesidad de recibir inversiones. Por su parte Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, apoyó públicamente la reforma y se respaldó en la misma idea: “es muy necesario, no solo para el campo, sino para toda la Argentina”. Además agregó que la Argentina también fue hecha por extranjeros y que no hay problema con vender las tierras porque total “no es que se las van a llevar”. Sin embargo está clarísimo que esta iniciativa pretende darle luz verde a los sectores privados para avanzar sobre la extracción de los recursos naturales y los bienes estratégicos de Argentina, sin que eso implique beneficio alguno para nuestro pueblo. Entre esa red de beneficiados se encuentran las empresas como cara visible, y los Fondos Comunes de Inversión y bancos detrás de ellas.
Según informes del Observatorio de Tierras actualmente las tierras en manos extranjeras representan el 30% del 15% habilitado, son 13 millones de hectáreas vendidas (equivalente a toda la superficie de Inglaterra) y hay 27 millones de hectáreas que aún podrían ser vendidas sin necesidad de exceder el límite actual. Este dato nos lleva a pensar con seria preocupación, ¿a qué nivel de extranjerización de la tierra y sumisión querrán llevarnos que no alcanzan las 27 millones de hectáreas? Otro dato importante es que la mayoría del territorio que pertenece a extranjeros está ubicado cerca de zonas estratégicas para la extracción de recursos y la circulación de mercancías, como es el caso del Río Paraná.
Este debate revive un espíritu de defensa de lo nacional y la “soberanía”, que venía en auge con la cuestión del mundial. Sin embargo no aparece con claridad el problema fundamental, que se explica por el desarrollo de la lucha de clases. Vemos como se denuncia públicamente a los senadores que apoyan la reforma o se menciona a las grandes potencias coloniales, pero nadie habla de los capitales que son los responsables y principales beneficiarios de esta iniciativa. En el neocolonialismo en el que estamos, los Estados no son el actor que concentra más poder, ni el que toma las decisiones, aunque sí las ejecute. Por eso en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el gobierno “restringe la compra directa a Gobiernos u organismos públicos de otros países” apuntando a capitales estatales y dejando vía libre a los verdaderos dueños de la torta, empresas y capitales que tienen un patrimonio aun mayor que Estados enteros.
