NO A LA LEY DE EXTRANJERIZACIÓN
Vivimos una época donde hay unos pocos fondos de inversión (Blackrock, Vanguard, Templeton, StateStreet, etc) que manejan las grandes empresas del mundo y ejercen una gran influencia sobre los Estados. En América Latina vienen avanzando sobre las condiciones de vida de los pueblos, es decir, sobre quienes habitamos este suelo, trabajamos, estudiamos, producimos, nos jubilamos, e intentamos desarrollar nuestras vidas.
No es la primera vez que los grandes propietarios del mundo capitalista avanzan despojando a pueblos enteros para utilizar el territorio y los recursos en beneficio propio. Lo vienen haciendo hace siglos con los pueblos originarios, con las familias campesinas y productores rurales. Lo están haciendo en Gaza y en Ucrania, así como con millones de migrantes que se ven forzados a dejar su tierra para desarrollar su vida con dignidad.
Su creciente presencia en nuestro suelo se reflejó en la Ley de Tierras de 2011, con la cual el Estado nacional buscó limitar ese avance al 15% del territorio, y son los mismos que volvieron a la ofensiva con la derogación de la Ley de Tierras a través del Decreto 70/23 (dic. de 2023). En esa ocasión, el rechazo popular y una apelación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, hizo que la Cámara Federal de La Plata la declarase inconstitucional y la derogación pasó a la Corte Suprema.
Ahora, estos fondos privados cambiaron de estrategia, rediseñaron la derogación para enviarla como un proyecto de ley al Congreso: la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, promovida por uno de sus amigos locales, el platense y Ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger.
Como aquella vez, ahora también la movilización popular frenó la iniciativa anti ley de Tierras, pero insisten en aprobar facilidades para los desalojos express y la venta de tierras incendiadas, así como en limitar las expropiaciones del Estado para blindar sus privatizaciones de tierras en nuestro país.
Con todo esto, está claro que detrás de la iniciativa de la Ley de Extranjerización en el Congreso los fondos de inversión avanzan en privatizar y concentrar tierras y recursos, atentando contra nuestra soberanía. Y aunque busquen convencernos de que sin ellos no podemos desarrollarnos, sabemos que su desarrollo conlleva más desigualdad, se lleva puesta la soberanía y el bien común.
Ante esta situación, el rechazo a la Ley de Extranjerización debe ser total. Tampoco podemos dejar que la responsabilidad sobre nuestro presente y nuestro futuro, que nuestra soberanía como pueblo trabajador recaiga en la voluntad de algunos legisladores. Por eso la movilización popular debe ser permanente.
Solo así podemos recuperar nuestra soberanía territorial, financiera, científico-tecnológica, alimentaria, energética, o sea, nuestra capacidad para decidir qué producir, cuánto producir, cómo distribuirlo. En definitiva, cómo organizar la vida en comunidad en nuestra tierra.
Y aunque no alcance, convocarnos a la calle a reclamar es parte de ese camino que históricamente construimos como pueblo, de poner límites por nuestra propia cuenta, y construir fuerza independiente. Lo demostramos en la lucha por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, ante la cual el actual Gobierno tuvo que ceder, y ahora con la Ley de Extranjerización. Y lo seguiremos haciendo, porque no hay solución individual posible.
Leé también: Los amos del mundo en la argentina neocolonial