Los amos del mundo en la Argentina neocolonial
En Argentina, las decisiones de gobierno reflejan una situación de poder donde los fondos financieros avanzan y la clase trabajadora tiene cada vez menos control sobre el territorio y sus recursos.
Desigualdad estructural a paso firme y los “amos del mundo”
El 11 de abril de 2025 el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Estado argentino firmaron un programa de “facilidades extendidas” que incluyó un préstamo de U$D 20.000 millones, y se sumó al préstamo "stand by" contraído en 2018 por U$D 44.000 millones. El Estado nacional es, de todos, el mayor deudor del FMI, contabilizando U$D 58.243 millones a junio de 2026. Por esa deuda pagamos una tasa de interés que actualmente ronda el 7,7% anual en dólares.
Por esa deuda también un staff del FMI evalúa cada tres meses la política en el país. Quiero destacar el “paso firme” del actual Gobierno en “la creación de una economía más orientada al mercado”, dijo Kristalina Giorgieva, directora del organismo, en la última revisión en mayo de este año. Al mismo tiempo, el staff planteó que “mitigar los costos de ajuste a corto plazo, será fundamental para mantener la continuidad de las políticas”.
Aunque el staff dice evaluar la estabilidad macroeconómica (acumulación de reservas, equilibrio fiscal), lo que realmente les importa es supervisar la subordinación del territorio y el pueblo a un desarrollo guiado por los grandes fondos financieros (Vanguard, StateStreet, Blackrock, etc), las empresas y bancos que éstos controlan en todos los sectores económicos.
El investigador Alessandro Volpi (2026) analizó a estos “amos del mundo” como los cartels de hoy, al controlar “los bancos del planeta, las aseguradoras, la industria farmacéutica, la industria militar, las empresas de alta tecnología, toda la cadena alimentaria y la energética, incluida las renovables… plataformas turísticas, hoteles, juegos de azar y buena parte del sector de entretenimiento”.
Larry Fink, CEO de Blackrock es uno de los 60.000 multimillonarios que componen el 0,001% de la población y concentran tres veces más riqueza que la mitad de la población, según el Informe de la Desigualdad Global. En el Foro Davos 2026, remontó ese patrón desigual en la distribución de riqueza hasta la caída del Muro de Berlín y dijo que: “ha beneficiado a una parte mucho menor de la población de lo que una sociedad sana puede soportar…”.
El Informe citado reconoce que "desde la década de 1990, la riqueza de los multimillonarios y los centimillonarios ha crecido aproximadamente un 8% anual, casi el doble de la tasa de crecimiento experimentada por la mitad más pobre de la población". Pero para “abordar estas divisiones desde su raíz” recomienda, a lo sumo, una “fiscalidad progresiva” o políticas que pueden “reducirla”, nunca cuestionar el monopolio.
Esperen, estamos ordenando la macro
Bajo tutela de la deuda y el FMI, el Estado destina menos recursos a la clase trabajadora y le entrega decididamente lo que tiene a empresas y fondos privados, que pasan a contribuirle en mayor proporción que los ricos.
Como explica una nota del medio Tribuna, en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, se proyectan pagos de deuda por "18.000 millones de dólares, de los cuales 7.400 son bonos privados, 2.600 del FMI, 4.500 de otros organismos (Club de París, Banco Mundial, BID, CAF, entre otros), 2.200 de Bopreales y 1.200 millones de los préstamos REPO del Banco Central”. Por su parte, el economista Horacio Rovelli explicó: "Se ajustan todas las partidas que conforman el gasto primario (gasto en salud, educación, obra pública, previsional y social) para generar el excedente financiero para pagar los intereses de la deuda".
Así, se recortan subsidios a servicios básicos (transporte, gas, luz, etc), además de jubilaciones, pensiones, fondos para provincias, universidades, escuelas y hospitales, entre otras cosas. En 2026 se destinaron 6.8 billones de pesos a educación, por ejemplo, y 14 billones al pago de deuda (más del doble). Para el año 2027, el gobierno tendría que conseguir 21.200 millones de dólares y, según Rovelli 1500 millones de dólares los aportarían las privatizaciones.
Por otra parte, un día antes de que el staff monetarista aprobara la revisión, Javier Milei dio otro paso firme en el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales y dijo a las empresas del agro: “vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5 por ciento a partir de junio de 2026″. No conforme, a fines de mayo el FMI publicó “Artículo IV”, un análisis de mediano plazo sobre la economía argentina, que anticipa una no tan lejana Reforma Tributaria. Propuso bajar más “impuestos distorsivos” como las retenciones y el impuesto al cheque, y que al menos el 20% de los trabajadores pasen a pagar Ganancias (como en 2019), además de aplicar una mayor carga sobre los monotributistas. Según el FMI, eso permitiría al Estado recaudar cerca del 0,4% del PBI. En junio el Gobierno dio otro paso firme en ese sentido: dispuso la exención del impuesto al cheque a las billeteras virtuales de criptomonedas y fintech registradas en la Comisión Nacional de Valores (CNV), y a Fondos Comunes de Inversión autorizados a operar en los novísimos Fondos de Asistencia Laboral (FAL) creados por la Reforma laboral.
Reforma laboral y "desregulación"
El lobby empresarial también impulsa una marea reformista desde el Estado, que tiene al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como principal referente. En ese sentido, un mandato neocolonial es legalizar la existencia de una mano de obra más precarizada y su contratación más flexible. Así también, desfinanciar lo público para habilitar que los amos del mundo lo vuelvan privado.
Por eso el Congreso aprobó la Ley de Modernización Laboral, en febrero de este año. Para legitimarla se dijo que para el desarrollo del país se requiere “competitividad” (sueldos más bajos), o que el objetivo era formalizar empleo informal. Pero los datos de los meses siguientes muestran lo contrario: el desempleo bajó levemente al 7,8% y la informalidad alcanzó un récord de 44,2%.
A paso firme, a fines de mayo el Gobierno reglamentó el FAL a través del decreto 408/2026, medida que favorece a los fondos financieros y grandes empresas, contra la recaudación jubilatoria en Anses. Las grandes empresas aportarán a los FAL, administrados por fondos financieros, el 1% mensual del sueldo. Las PyMES el 2,5%. Pero la ley les otorga una reducción equivalente en las contribuciones con destino a la ANSES. Explica Monitor Gremial: “en la práctica, el empleador deja de enviar una porción de fondos al sistema jubilatorio para depositarlos en su propio fondo indemnizatorio.” O sea, “el costo de las extinciones contractuales deja de ser una erogación inmediata de la empresa para ser absorbido por la recaudación previsional”.
Por otra parte, con el decreto 407/2026, el Gobierno reglamentó el banco de horas, permitiendo adecuar más el trabajo a las necesidades productivas de la empresa y reemplazar horas extra, a partir de un acuerdo voluntario y por escrito. La empresa Mirgor y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) firmaron el primer acuerdo en junio, de un banco de 200 horas por 12 meses en las fábricas de autopartes en Garín y Baradero. En la jornada reducida, las horas no trabajadas dejan al empleado como “deudor” y se acumulan en un banco. Cuando haga falta, en lugar de pagar horas extra, el empleado toma esas horas del banco. En este acuerdo, cada hora saldada cuenta como hora y media.
En la misma sintonía, el Gobierno nacional promueve el desfinanciamiento y vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y demás organismos estatales. Este proceso solo acentúa el desempleo generado por la desindustrialización, y la posición subordinada del Estado nacional respecto a intereses corporativos.
La desindustrialización
En el reseteo cerraron miles de pymes (31 por día desde noviembre de 2023) y cientos de miles de trabajadores se quedaron sin su empleo registrado. Los rubros más golpeados fueron comercio, transporte y construcción. Cuando la marea vuelva a subir, la tendencia a la concentración en los mercados hará lo suyo.
Sólo entre noviembre de 2023 e igual mes de 2025, se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo asalariados formales (Min. de Capital Humano en base SIPA, febrero 2026) y la clase trabajadora respondió, a veces aceptando retiros voluntarios o pagos indemnizatorios, otras veces presentando resistencias: cortes de calle y rutas, acampes, ocupaciones de fábrica, reclamos judiciales, pedidos de intervención a la Provincia, etc). En el Gran La Plata, los casos más resonantes fueron Acerías Berisso y la textil FISIPA, donde los trabajadores fueron despedidos sin aviso ni pago de indemnización.
Los que pueden ponen las reglas La marea de reformas favorece el control del territorio en manos de los fondos financieros y sus empresas, en particular aquellas preferidas por la Embajada de EEUU, ya teñida de Rosada. Las reformas a la Ley de Glaciares y la Ley de Tierras, el RIGI y el SUPER RIGI, el remate desde máquinas y autos hasta acciones del Estado en empresas (privatizaciones) y la concesión del control del Paraná a la empresa belga Jan de Nul, fueron algunos pasos firmes en la primarización y privatización. Como parte del plan de desarrollo neocolonial, Diputados aprobó a fines de junio el “SUPER RIGI”, y Daniel González, funcionario de Energía, pasó previamente a defender el RIGI, que exime de impuestos a las grandes inversiones. Dijo que ya se presentaron 39 proyectos por U$D 138.000 millones en total, fueron aprobados 17 y solo uno rechazado (el de la empresa minera china Gangfeng). Según dijo, se hubieran generado (solo) 179.000 empleos en caso de aprobarse todos los proyectos. Además, en plena visita de Peter Thiel al país (polémico magnate dueño de Palantir, asociado al sector de la IA y los data centers), el funcionario promocionó el SuperRigi: “creemos que llegó el momento de evolucionar el RIGI hacia un régimen enfocado en la industrialización de los recursos naturales”, y mencionó el hidrógeno verde, semiconductores, procesamiento de minerales críticos y data centers (como una forma de monetizar el gas natural) o autos eléctricos.
Bullion doré
El problema es que estas áreas están pobladas de argentinos Desde finales del siglo XV los conquistadores se apropiaron del territorio habitado por los pueblos originarios de América. Con las revoluciones de independencia en el siglo XIX, la desposesión quedó a cargo del imperio británico y las élites locales. Hoy en día, dicho proceso está impulsado por los "amos del mundo" y sus sucesivos gestores del Estado. Uno de ellos, Damian Reidel, ex JP Morgan y Goldman Sachs, asumió en 2024 como Jefe del Consejo de Asesores Económicos. En 2025 participó del LatamForum y pronunció la frase de este subtítulo. Luego de aprobado el RIGI, en abril el consorcio empresarial Minera Andina (Barrick + Shandong Gold) ingresó al RIGI por la resolución gubernamental 413/2026, en la mina de oro y plata Veladero, en San Juan. El proyecto implica producir, exportar y comercializar bullion doré. Con la resolución 431/2026, se permitió ampliar el proyecto Fénix de la empresa Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, proyecto que incluye la construcción de una planta compresora de gas natural en Olacapato, Salta. En mayo, el Gobierno aprobó la adhesión al RIGI de Transportadora de Gas del Sur (controlada por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin), con una inversión estimada de u$s550 millones a través de la Resolución 676/2026. Una de las empresas que compró dólares en 2018 y los fugó al exterior (no figuran en sus declaraciones entre 2015-2019), proyecta ampliar el gasoducto Perito Moreno para el sector de petróleo y gas.
Abran paso, llego el JP Morgan: las privatizaciones Otro de los mecanismos predilectos para la apropiación de la riqueza por parte de los amos del mundo es a través de sus bancos, y el cobro permanente de intereses por parte del Estado. Los bonos de Argentina pagan más porque son más inseguros, pero el visto bueno del FMI en la revisión del acuerdo contribuyó a la confianza del Bank of America (BofA), que recomendó a los inversores reingresar al país y del Banco Comafi, que señaló que la mayoría de sus ahorristas elige sostener sus bonos de deuda en Argentina (y seguir cobrando intereses) gracias al “superávit fiscal, avances en la acumulación de reservas y esquemas de financiamiento alternativo con respaldo de organismos internacionales para refinanciar vencimientos”. En esa línea, en junio el Gobierno buscó y obtuvo apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objetivo de reforzar la confianza de los mercados, y acceder a préstamos por USD 3.200 millones, y por 5.000 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo directorio se reunirá a fines de julio para aprobar el desembolso. En mayo el JP Morgan ya lo había convocado a Luis Caputo junto con todo el gabinete económico, a decir lo que los fondos en Washington querían escuchar, el verdadero objetivo detrás de la deuda: “procederemos a la venta de activos”.
Conclusión En el territorio argentino se refuerza una neocolonialidad que tiene, de un lado, a los “amos del mundo”, y del otro, a la clase trabajadora argentina. La situación de poder que demuestran los primeros se refleja en iniciativas para reorganizar el territorio y el Estado de acuerdo con sus intereses, apropiándose de sus recursos y riquezas, incluyendo la fuerza de trabajo. El resultado es una desigualdad estructural que crece hace décadas, en una tendencia cuyos límites desconocemos aún, que rebasa mareas progresistas y conservadoras, y que difícilmente se pueda revertir sin una fuerza social propia de la clase trabajadora.