Bolivia en disputa, la batalla por la legitimidad
Paro y bloqueos simultaneos
La Central Obrera Boliviana (COB) declaró paro general el 1 de mayo de esta año para exigir al Gobierno Nacional que dé respuestas a los problemas económicos de la población. Los gremios del transporte reclamaron por la escasez de combustible y los problemas de financiamiento para el sector, los docentes por mayor presupuesto para la educación. Más allá de los reclamos particulares se evidenció una exigencia común que fue, inicialmente, la recomposición del 20% del Salario Mínimo Nacional y el mismo monto del Haber Básico (salario básico sectorial) y después, la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Sin embargo, el conflicto en Bolivia no empezó en mayo. Desde abril el movimiento indígena protagonizaba manifestaciones contra la Ley Agraria 1720, a través de la cual el gobierno autorizó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir las pequeñas propiedades en medianas. La normativa generó un fuerte rechazo por parte de las organizaciones del sector ya que esto permitía que las tierras -que son actualmente consideradas como patrimonio familiar inembargable- ingresaran plenamente al mercado financiero, con el riesgo de terminar vendidas o hipotecadas. Un negocio redondo entre los grandes productores del agro y los bancos, que ganarían un mercado importante de clientes con esta nueva reglamentación. Una vez más, a costa de seguir empeorando la calidad de vida de la población.
Aunque el gobierno finalmente dio marcha atrás eliminando la modificación de la Ley 1720, el conflicto escaló con el correr de los días gracias al sostenimiento de la huelga y el corte de rutas importantes, llegando a registrarse 94 puntos de bloqueo activos al mismo tiempo el 30 de mayo, según registró la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
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| "Mapa de Transitabilidad" (junio 2026) Administradora Boliviana de Carreteras |
La tregua entre la COB y el Gobierno. Diferencias en el campo popular
El 19 de junio, cumplidos 50 días de huelga y conflicto callejero, la COB firmó un acuerdo con el gobierno nacional, poniendo pausa a las medidas de fuerza y estableciendo un plazo de 90 días para el cumplimiento de las exigencias planteadas. En ese marco, Mario Argollo, el Secretario General de la COB declaró “a partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”.
Pese al acuerdo con la Central, al dia siguiente Rodrigo Paz dictaminó el Estado de Excepción bajo la reglamentación del Decreto Supremo 5636, autorizando al ejército y la policía a “ejecutar las acciones necesarias para reestablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población.”
La respuesta de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) fue rechazar categóricamente el decreto y declarar que “(...) aunque el gobierno haya impuesto este estado de excepción, la lucha continúa hasta lograr LA RENUNCIA DE RODRIGO PAZ”. Añadieron que “no hay decreto represivo que pueda silenciar el justo reclamo de los campesinos, indígenas y trabajadores que hemos sido excluidos de las decisiones gubernamentales y que vemos cómo este gobierno amenaza con privatizar nuestras empresas estratégicas y profundizar la crisis económica”.
En la misma línea, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos "Tupac Katari" de La Paz se distanció del acuerdo alcanzado entre la COB y el gobierno, argumentando que el mismo no representa las determinaciones orgánicas de sus bases ni responde a las demandas planteadas por el sector campesino. Aún así, el 20 de junio las organizaciones campesinas llamaron a levantar las medidas de fuerza para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector frente al decreto represivo: “(...) determinamos otorgar un cuarto intermedio en todas las medidas de movilización hasta que se haga el respectivo análisis de la coyuntura del país y de las medidas que tomó el gobierno” publicaron en un comunicado.
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| Rodrigo Paz, presidente de Bolivia y Mario Argollo, Secretario General de la COB |
El lobby empresarial
Aunque, en respuesta a las demandas planteadas por los gremios de trabajadores, Rodrigo Paz afirmó que su gobierno no efectuará privatizaciones de empresas estatales, observamos que sus iniciativas apuntan a beneficiar capitales privados y extranjeros, que buscan acrecentar sus ganancias a partir de la explotación de los recursos naturales del país.
El programa de incentivos fiscales, cambiarios y regulatorios implementado por el Gobierno ya atrajo nuevos inversores: Petrobras (Brasil) y Luxus (Brasil) en hidrocarburos y petróleo; New Pacific Metals Corp. (Canadá) y Pan American Silver en Minería de Metales Críticos; Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con la participación de firmas como Tractebel (Francia) y Lahmeyer (Alemania). Todas ellas y otras anunciaron inversiones millonarias en estas áreas.
Aún así, el empresariado va por todo y no se conforma: en una nota de opinión, el empresario industrial boliviano Ronald Nostas expresó que la Inversión Extranjera Directa (IED) constituye un objetivo estratégico “...pero (Bolivia) no logra atraer flujos significativos de nuevo capital”, por lo que necesita con urgencia una reforma profunda en la política de inversión privada que (...) solo será duradera si logra articular la coherencia constitucional, la credibilidad técnica y la legitimidad social.”
Para la construcción de esta legitimidad social es que los capitales convocan a los Gobiernos y estos a las organizaciones del pueblo. En Bolivia la moneda parece estar en el aire: mientras los sectores económicos concentrados presionan para favorecerse, el campo popular atraviesa un momento de debate y contradicción. Entretanto algunas organizaciones aceptaron el plazo de 90 días acordado con el Ejecutivo. Otras suspendieron las medidas de fuerza para preservar la seguridad de los manifestantes frente al Estado de Excepción, mientras discuten cómo continuar la lucha. El lado del que caiga la moneda parece estar atado a la capacidad de las mayorías trabajadoras para articular una estrategia común, que permita profundizar la crisis y desarticular la legitimidad que todavía tiene el plan de ellos.